Pese a que el propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, confirmó que no existe una normatividad vigente en la universidad que permita cancelar el título de la ministra Yasmin Esquivel, hay diversos organismos, sobre todo políticos, que insisten en su destitución y en retirarle su título.
En una breve comparecencia, Graue Wiechers informó que, luego de consultar con La Abogacía General de la UNAM, se llegó a la conclusión que ni las autoridades ni la normatividad de la institución están facultadas para retirar o cancelar un título universitario por el plagio de una tesis.
A pesar de esto, grupos de interés y organizaciones, especialmente de carácter político, se han empeñado en presionar a la máxima casa de estudios y hasta a las autoridades federales para retirarle el título de licenciatura en Derecho a Esquivel Mossa, asegurando que “se obtuvo de manera delictiva”.
Incluso, Juan Carlos Pérez Góngora, sobrino del ex presidente de la SCJN, presentó, en su carácter de presidente de la asociación civil “México Justo”, la primera solicitud formal que exigió la inmediata renuncia de la ministra.
Sin embargo, la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, ordenó desechar dicha petición por considerarla dudosa, pues determinó que “la asociación quejosa no planteó ninguna representatividad legal o litigio judicializado y sólo se limitó a hacer un llamado a los ministros”.
Los intentos por desestimar a la ministra surgen a pesar de que la propia Martha Rodríguez Ortiz, quien fue su asesora de tesis cuando estudiaba en la FES Aragón, afirmó que Esquivel era la autora original del texto en mención, además de admitir que lo compartió a varios estudiantes para que lo usaran de referencia.
Además, cabe recordar que desde el inició de los señalamientos en su contra, la ministra Esquivel presentó diversos documentos que acreditan su autoría del texto, entre ellos tres peritajes informáticos, dos dictámenes periciales en documentoscopia que indicarían que su proyecto de tesis comenzó en 1985 y las declaraciones del director del Seminario de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM y de algunos maestros de la institución.
En contraste, las acusaciones hacia Esquivel Mossa carecen de fundamento legal, pues hasta el momento no existe una investigación concreta que afirme que fue ella quien plagió el texto.
Todo indica que se trata de un linchamiento político que buscaba impedir a toda costa la llegada de Yasmín Esquivel Mossa como presidenta de la SCJN, pues hay que destacar que los adversarios políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador tenían conocimiento de que era su candidata favorita a suceder a Arturo Zaldívar, al ser una mujer con una larga trayectoria en el sistema jurídico del país, que ha destacado sobre todo por su profesionalismo y su lucha en la defensa y promoción de los derechos humanos.