De qué color es la corrupción

 PULSO

Eduardo Meraz

Por lo visto, el poder no sólo atonta a quienes lo ejercen; también les despierta una especie de sexto sentido para obtener beneficios pecuniarios extraordinarios y los asumen como parte de los sacrificios a los cuales deben someterse por la pesada carga de servir a la población.

El cuatroteísmo triunfó en 2018, en gran parte gracias a la promesa de un “cambio de régimen”, donde la corrupción sería desterrada de forma definitiva. Si en el pasado los negocios lícitos, ilícitos y lisitos fueron tricolores o blanquiazules, a partir del 1 de diciembre de ese año, ya no habría ninguna tonalidad para identificar los cochupos, pues no existirían más.

Sin embargo, con el arribo de la pandemia, también llegaron las primeras evidencias de prácticas poco claras en las compras públicas y en el manejo del dinero de los contribuyentes, ya fuese en la adquisición de insumos y equipos de salud, en la adquisición de pipas para hacer frente al huachicoleo o en el arranque de las obras insignia de la administración cuatroteísta.

Si bien esas primeras muestras de ilicitud, en apariencia no involucraban directamente a los funcionarios de primer nivel del gabinete, sí resultaron beneficiarios los de segundo nivel, así como parientes de secretarios de Estado, directores generales e incluso del titular del ejecutivo.

Conforme fue avanzando el sexenio, además de estos “rounds de sombra y en la sombra” para perfeccionar este método “persuasivo” con contratistas, brotó el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), con un desfalco rondando los 15 mil millones de pesos, el cual duplica o casi triplica al realizado en la llamada estafa maestra.

Eso sin mencionar la proliferación de los poco claros actos de nepotismo, amiguismo e influyentismo, con lo cual dejaron de lado el memorándum presidencial de eliminar esos otros mecanismos de corrupción.

La significativa pérdida en las preferencias electorales en 2021 parece haber sido interpretado por la claque cuatroteísta como el trompetazo de salida para acelerar los “acuerdos” con proveedores. Tan es así, que los costos de las principales obras del sexenio -Tren Maya, Refinería Dos Bocas y Aeropuerto de Santa Lucía-, prácticamente han duplicado, en conjunto, el valor presupuestado inicialmente.

Por angas o por mangas, las fallas en el diseño y la planeación y conveniencia de los proyectos citados es otra forma a la cual recurren los funcionarios públicos para hacer su “guardadito”, con tal de cumplir al pie de la letra la expresión del mandatario: “Todos los negocios jugosos -de corrupción- tienen el visto bueno y aprobación del presidente de la República”.

Por ello, luego de cinco años de ejercer el poder y de ondear el presidente totalmente Palacio Nacional un pañuelo blanco, tratando de desmentir los señalamientos, documentados y hechos públicos de actos de corrupción y, a la vez, presumir la honorabilidad y honestidad a toda prueba de colaboradores y familiares, simplemente ha desaparecido.

En los días recientes, se han difundido un día sí y otro también operaciones de compra-venta entre funcionarios o familiares del habitante temporal del palacete virreinal, que evidencian conflictos de interés y uso inapropiado de recursos públicos.

Encabezan el “top ten” de la corrupción en la presente semana Andrés Manuel López Beltrán como impulsor o representante de algunos de sus amigos para conseguir contratos con dependencias gubernamentales, y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en la adquisición de un departamento a un tercio del valor de avalúo y con un precio superior a su nivel de ingresos.

Aun cuando está en receso el Instituto de Transparencia (INAI), sale a la luz que el cuerpo gubernamental morenista está podrido y donde quiere que le rasquen, supura pus que, en esta ocasión tiene un color entre guinda y verde olivo.

He dicho.

 

EFECTO DOMINÓ

Para distraernos de la corrupción galopante en el presente sexenio, el ejecutivo ha decidido poner en marcha la zaga “la guerra de las corcholatas”, con lo cual saltarse la legislación electoral hasta en tanto las autoridades se animen a ponerle un alto a los actos proselitistas anticipados.

 

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