El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, cuyo objetivo es reducir el número de muertes en accidentes de tránsito, garantizando el derecho constitucional a la movilidad bajo condiciones de seguridad vial.
Con 357 votos a favor, 26 en contra y 106 abstenciones, los diputados aprobaron en lo particular y en lo general el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que reconoce el derecho a la movilidad como el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente, accesible, de igualdad y sostenibilidad.
La nueva ley establece la jerarquía de movilidad, dando la máxima prioridad de paso a los peatones, ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados. El tercer lugar de preferencia es para los usuarios y prestadores del servicio de transporte público, prestadores de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías, y finalmente los conductores de vehículos particulares.
A través de esta Ley, se crea el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, un mecanismo que coordinará a autoridades municipales, estatales y federal de los tres órdenes de gobierno en materia de movilidad y seguridad vial, con el objetivo de priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.
El nuevo ordenamiento prevé establecer velocidades máximas, accesibilidad a los espacios públicos y medidas como el uso obligatorio del cinturón de seguridad, casco para motociclistas, prohibición del uso del teléfono móvil y alcoholímetro permanente en todo el país.
También determina que los vehículos nuevos que se comercialicen en el territorio nacional deberán cumplir e incorporar con los dispositivos, sistemas y estándares de seguridad basados en criterios internacionales.
Además, garantiza a las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares, la recepción de atención médica y psicológica de manera integral y reparación del daño.
Tras su aprobación en el pleno de San Lázaro, el dictamen por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial pasó al Senado de la República, en efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.