La jueza de Distrito en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, otorgó una suspensión provisional a jueces y magistrados federales, para frenar la eliminación de los 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Esta suspensión frena consigo el traspaso de más de 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La noticia fue comunicada por el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), desde el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro.Muñoz Alvarado explicó que en el juicio de amparo indirecto número 1754/2023, promovido por la Asociación, se agregó un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el 27 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, al ser concedida la suspensión mencionada.
Además, señaló que el asunto se resolverá a través de un juicio y no mediante “un acuerdo de mayorías ni de planteamiento político alguno”.
Muñoz Alvarado indicó que la sentencia analizará las posibles violaciones al procedimiento legislativo con el cual se aprobó el Decreto, así como las infracciones a los principios de independencia y autonomía judicial, división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos por el personal del Poder Judicial de la Federación.
El magistrado subrayó la importancia de que todos los ciudadanos tengan el derecho de que los actos de cualquier autoridad, ya sea legislativa, ejecutiva o judicial, sean sometidos a revisión por un juzgado o tribunal federal, respaldado por un Poder Judicial independiente y autónomo que respete el principio de división de poderes.
Además, Muñoz Alvarado mencionó que la Asociación está considerando presentar otra demanda de amparo contra la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2024, ya que consideran que los ajustes presupuestarios realizados por la Cámara de Diputados vulneran la autonomía financiera y, por ende, la independencia del Poder Judicial.
También señaló que han iniciado gestiones ante organismos internacionales debido a las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano para respetar los derechos derivados de los principios que establecen la no intromisión, no dependencia y no subordinación entre los poderes de un Estado Democrático de Derecho.