El acuerdo de la armería Remington para indemnizar a las familias de las víctimas de la masacre de Sandy Hook, y los recursos de 26 fiscales, refuerzan la demanda de México contra once fabricantes de armas estadounidenses, dijo este miércoles un funcionario mexicano.
Alejandro Celorio, consejero jurídico de la cancillería, señaló en entrevista telefónica con la AFP que se “refuerza el optimismo” de que el juez de Massachusetts acepte la querella e inicie un juicio que sería inédito.
El acuerdo por la matanza de Sandy Hook, que dejó 26 muertos en diciembre de 2012, “aumenta la moralidad, la legitimidad de nuestra demanda porque por mucho tiempo las empresas han logrado instalar una narrativa de que ellos no son responsables de lo que pase después de que el arma sale de sus fábricas”, indicó Celorio.
A ese acuerdo, anunciado a mediados de febrero, se suma que 26 fiscales de distrito estadounidenses se han adherido al recurso amicus corte (amigos de la corte) para que el tribunal acepte el recurso, destacó.
“Como lo dijeron los 26 fiscales de distrito, es una cuestión de interés público. Las armas que son traficadas ilícitamente a México en muchos casos regresan a ciudades estadounidenses a generar violencia y además esas mismas armas en poder del crimen organizado en México están involucradas en la producción y el tráfico de sustancias ilícitas que le hacen daño a la población estadounidense”, argumentó Celorio.
“Nuevo plazo”
Dos países, Belice y Antigua y Barbuda, y 14 estados estadounidenses se han sumado al recurso de amigos de la corte.
El gobierno mexicano presentó el 4 de agosto de 2021 ante un tribunal de Massachusetts una demanda contra once fabricantes de armas, a los que acusa de prácticas “negligentes” que facilitan su contrabando a México, sumido desde hace 15 años en una ola de violencia ligada al narcotráfico.
El pasado 31 de enero, México presentó su respuesta a la réplica de las armerías estadounidenses, que a su vez tienen plazo hasta el 14 de marzo para su contraréplica.
Celorio explicó que los fabricantes debían responder el 28 de febrero, pero la semana pasada pidieron al juez ampliar el plazo para analizar los argumentos de México y los de los amigos de la corte.
“Esperamos que (los demandados) insistan en sus peticiones al juez para que la demanda se desestime (…) y nosotros le pedimos al juez que nos permita tener una audiencia oral para presentar evidencia”, añadió el asesor jurídico.
México pide una compensación económica. Según estudios, el costo de combatir la violencia en este país ascendería a más del 1.5% del PIB anual.
La cancillería estima que anualmente entran ilegalmente desde Estados Unidos más de medio millón de armas.
Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un operativo militar antidrogas, las muertes violentas suman más de 340 mil, según cifras oficiales que atribuyen la mayoría de los asesinatos a la criminalidad.