La Fiscalía General de la República (FGR) informó que procedió penalmente contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde fallecieron 40 personas.
En una tarjeta informativa, la FGR que también informó que procedió penalmente contra Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio del INM, por el mismo delito y apuntó que de igual forma se procedió penalmente con los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas del incendio.
“Es importante señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada”, señaló.
Agregó que como parte de la investigación de antecedentes, “se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
El Ministerio Público Federal apuntó que los “dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”.
Además, enlistó las omisiones por parte del INM y de la empresa de seguridad privada.
“Ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”, se detalló.
La FGR apuntó que ambas omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión: “se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”
Toda esta serie de conductas ilegales y omisas, aclaró la FGR, “fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”.