Tijuana. \u2014 La Comisi\u00f3n Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) hizo un llamado a los tres \u00f3rdenes de gobierno para que fortalecieran la atenci\u00f3n a las personas en contexto de movilidad que se encuentran en el estado.
\nEl presidente de la CEDHBC, Miguel Mora, indic\u00f3, en el marco del D\u00eda Internacional del Migrante, que los retos en materia de movilidad humana son particulares para cada regi\u00f3n del pa\u00eds y agreg\u00f3 que, en el caso de Baja California, se trata de un contexto a\u00fan m\u00e1s espec\u00edfico, ya que la entidad se ha desarrollado a trav\u00e9s de la historia como un destino directo e indirecto de las poblaciones en movimiento.<\/p>\n

En este tenor, el ombudsperson subray\u00f3 acontecimientos recientes que han modificado el panorama migratorio del estado: La llegada de m\u00e1s de 20 mil personas de pa\u00edses africanos, europeos y caribe\u00f1os en 2016; el inicio de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos en 2017, quien implement\u00f3 el T\u00edtulo 42, herramienta que les permite a las autoridades migratorias deportar a personas en contexto de movilidad con mayor rapidez; la llegada de 6 mil personas de origen centroamericano en 2018; la instalaci\u00f3n del campamento \u201cEl Chaparral\u201d en la garita de San Ysidro, en 2021; el incremento de movilidad de connacionales por desplazamiento interno forzado; el registro de la mayor cifra hist\u00f3rica de solicitudes de refugio ante la Comisi\u00f3n Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), principalmente de personas provenientes de Hait\u00ed, as\u00ed como Centro y Sudam\u00e9rica; as\u00ed como la llegada de personas rusas y ucranianas.<\/p>\n

Ante estas circunstancias, Miguel Mora hizo hincapi\u00e9 en que los organismos p\u00fablicos de derechos humanos, junto con la sociedad civil organizada, han colaborado con las instituciones de gobierno para buscar disminuir los factores de riesgo que pudieran vulnerar los derechos humanos de las personas.<\/p>\n

De forma paralela, el ombudsperson de Baja California enfatiz\u00f3 que se necesita un protocolo de atenci\u00f3n basado en los derechos humanos que tenga como prop\u00f3sito la plena inclusi\u00f3n de las personas al tejido social nacional. Asimismo, agreg\u00f3 que dicha estrategia deber\u00eda contener las siguientes consideraciones: Incorporar a instituciones, de manera coordinada, para disminuir las condiciones de vulnerabilidad y propiciar la mejor convivencia con la sociedad; en materia de seguridad p\u00fablica, se debe considerar a los tres \u00f3rdenes de gobierno y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas; instrumentar programas de capacitaci\u00f3n para el personal de las diversas corporaciones policiales para la adecuada atenci\u00f3n de las personas en contexto de movilidad humana; incluir a las autoridades del Registro Civil para garantizar la correcta tramitaci\u00f3n de sus actos registrales; buscar la cooperaci\u00f3n entre las fiscal\u00edas de diversas entidades federativas para garantizar la admisi\u00f3n de denuncias y el seguimiento oportuno de las carpetas de investigaci\u00f3n de los hechos denunciados por las personas v\u00edctimas de desplazamiento forzado interno; as\u00ed como propiciar la colaboraci\u00f3n entre las instituciones y el sector privado, a efecto de favorecer la inclusi\u00f3n laboral y productiva de las personas.<\/p>\n

Para finalizar, Miguel Mora se\u00f1al\u00f3 que se debe considerar a la movilidad humana como una oportunidad de construir un plan de integraci\u00f3n a la comunidad porque, en el caso de Baja California, las poblaciones en movimiento le han dado un valor agregado al estado en sus diferentes \u00e1mbitos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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