- El presidente de la organización de la sociedad civil, Miguel Ángel Plata Mejía señaló que el uso de sellos públicos apócrifos en denuncias iniciales o denuncias repentinas, justo en el momento en que se dictan las sentencias, son cada vez más utilizados para manipular y forzar la separación de un hijo con alguno de sus progenitores.
Foto: Juez 11 Familiar Ericka Lorena Domínguez Pressier y abajo familia Hernández Neri separada por 4 años de una menor de edad en el Juzgados de Huixquilucan, Estado de México y en Ixtapaluca la denuncia con posibles sellos públicos apócrifos.
Es alarmante el incremento de denuncias falsas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que son usadas para obtener restricciones y beneficios en custodias de los hijos en juzgados familiares, señaló Miguel Ángel Plata Mejía, presidente de la organización de la sociedad civil MAAS Infancia Feliz.
Indicó que la aparición de estas denuncias repentinas, justo en el momento en que se dictan las convivencias parento-filiales o cuando se emiten las sentencias para compartir la crianza en los juzgados, son cada vez más utilizados para manipular y forzar la separación de un hijo con alguno de sus progenitores, como consta en la carpeta con número económico 282/22-M ubicada en el Ministerio Público de Huixquilucan, Estado de México.
El presidente de MAAS Infancia Feliz recordó que este caso tiene que ver con la sentencia definitiva que se publicó el pasado 9 de febrero a favor de la hija de Antonio Hernández Neri, quien un día después recibió una llamada de su expareja para decirle que tenía una nueva denuncia que restringía las convivencias.
Aludió que este caso radica en el ministerio público de Huixquilucan, oficina a cargo de Mónica Hidalgo Calderón, quien es responsable de permitir este tipo de fabricación de culpables sin pruebas y, de manera errónea, pedir medidas de protección cuando se tiene la obligación de investigar a fondo lo que vislumbra posibles actos de corrupción.
“El intestino judicial cada vez más tiene enquistado un cáncer sobre el actuar de algunos abogados sin escrúpulos, también de funcionarios públicos, auxiliares de la autoridad y jueces del orden familiar del Estado de México que tienen la responsabilidad de ser tomadores de decisiones para el presente y futuro de la niñez mexiquense y que al retrasar o hacerlas tardías no se privilegia ni prioriza el interés supremo de la niñez”, enfatizó.
Miguel Ángel Plata retomó el caso en el que se orbita la estabilidad de una menor de edad con identidad reservada y cuyo expediente es 340/2019 y su acumulado 572/2020, del juzgado Décimo Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, mismo que revela que desde junio de 2019 la madre de la menor de edad agotó los recursos legales con tal de que no se llevaran a cabo las convivencias filio parentales, además de trasladar a la infante al estado de Puebla, lo que vislumbra un posible delito de sustracción de menores.
Y es que a pesar de decretarse un régimen de convivencias en beneficio de la menor de edad cada 15 días, comenzando el día viernes las 9 de la mañana y terminando el domingo a las 2 de la tarde, algunas de estas convivencias jamás se llevaron a cabo ya que la señora Elsa Aide “N” impido y negó el mandato judicial.
Miguel Plata reveló que eventualmente, con base a un acumulado de denuncias contra el padre de la infante por supuesta violencia familiar, se decretó un régimen de visitas dentro del Centro de Convivencia Familiar Supervisadas del Estado de México y donde, en la mayoría de las veces, la madre de la menor no la presentó.
Al respecto, Antonio Hernández Neri, padre de la hija en común con Elsa Aide “N” subrayó que su expareja “no presentaba a mi hija o la llevaba tarde, consta por medio de Informes del centro de convivencia… entra tiempo de pandemia y la madre de mi hija sigue sin permitir convivencia, el centro de convivencia emplea una modalidad de llamadas y videollamadas virtuales a las cuales no ingresaba ni contestaba, existen informes del centro de convivencia promovidos directo a juzgado”.
MAAS Infancia Feliz acentuó que en este caso se registraron varias medidas de apremio, reflejadas en más de 14 multas económicas, derivadas de la rebeldía de la madre de la menor por desobedecer a los ordenamientos del juez, y que incluso llegaron hasta una orden de arresto.
Esto solo aumento el enojo de la madre, quien buscó fabricar más denuncias para impedir a toda cosa que la menor de edad conviviera con su padre y su familia extensa, lo cual es un derecho prioritario y con alto impacto en el desarrollo sano y libre de la personalidad de la infante.
“Para muchas niñas, niños y adolescentes, el conflicto entre sus progenitores les impacta severamente con base a su edad y desarrollo cognitivo, así mismo la tardanza procesal que va desde los 2 años hasta los 10 años sin que un menor de edad conviva o vea a su madre o padre según el caso, y falta de sensibilidad de algunos jueces continúan lacerando a nuestra lastimada niñez mexicana a pesar de tener los elementos para tomar una decisión objetiva y haciéndose valer de sus años de experiencia como juzgador y de las periciales en psicología y dictámenes en psiquiatría que deben ser blindados de corrupción al tenerlas registradas en audio y video”, insistió Miguel Plata.
Antonio Hernández Neri apuntó que las probanzas constan en el expediente, en contra a determinaciones de sentencias de amparos de jueces federales en las que ellos determinan en sus considerandos: Que se comprueba que la mamá ha actuado en contra del interés superior de la menor y esto se puede comprobar con copias certificadas de las sentencias, videos , razones de notificares.
Miguel Plata se refirió a otro caso grave registrado en Ixtapaluca, Estado de México, donde se llevó a cabo una denuncia de supuesta violencia familiar en contra de Nayeli Herrera Mares, donde se evidencia la presencia de abogados sin ética quienes usan denuncias falsas y se destaca el posible uso apócrifo de sellos públicos para fabricar una carpeta de investigación, y con ello separar a otro infante de su madre.
Resaltó que próximamente se llevará a cabo una reunión más en las oficinas del Poder Judicial del Estado de México, a cargo del Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuéllar, para coadyuvar en la búsqueda de justicia para la menor de edad y deslindar responsabilidades o identificar quien o quienes pudieron incurrir en un posible delito federal al hacer uso de sellos públicos aparentemente falsos.
Plata Mejía evidenció que en el caso de Nayeli Herrera Mares, quien fue separada de su hija menor de edad por casi de 4 años, se evidencia el uso de posibles sellos públicos falsos en el juzgado familiar y “coincidentemente” se da cuando la madre decide terminar la relación con el padre de la menor, siendo Oscar “N” quien se investiga, al orquestar estas irregularidades que obran en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y le antecede un contexto turbio y de posible tráfico de influencias.
La madre de la menor agregó que estos hechos graves de uso de sellos públicos apócrifos en denuncias terminan desapareciéndolas se hace constar en la carpeta de investigación NIC: AME/IXA/03/MPI/610/00098/19/01 y NUC: CHA/AME/IXA/041/004396/19/01 de fecha 06 de enero de 2019 en IXTAPALUCA, Estado de México, cuya denuncia aparentemente apócrifa fue usada para atentar contra el sano desarrollo de la personalidad de la hija menor de NAYELI HERRERA MARES.
Miguel Ángel Plata Mejía recordó que la Asociación Civil MAAS Infancia Feliz, de referencia nacional, defiende los derechos de la infancia a convivir libre de interferencia y manipulación parental, violencia y corrupción institucional, misma que se ha acercado e invitado a los tres Poderes del Estado de México para ser visores de posibles irregularidades que han permitido que la menor de edad sea forzada a separarse de una de sus figuras parento filiales en la etapa, que se supone, es la más importante del ser humano: La infancia.
Se trata, enfatizó, de sumar a algunas instituciones de defensa de derechos humanos locales a poner el foco en las denuncias falsas y, de confirmarse falsas, garantizar que caerá todo el peso de la ley en contra de quien o quienes han afectado a sus propios hijos e hijas abusando de la buena fe de algunas autoridades.
Plata Mejía dijo que luego de que el comité de la asociación documentó estas anomalías, que calificó de severas, en los próximos días acompañará a los padres y madres para pedir juntos el apoyo del Estado a través de sus instituciones, con el objetivo de defender el derecho al sano desarrollo de la identidad de los menores, a convivir con ambas familias luego o durante una separación o divorcio judicializado