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Desde el pasado 14 de abril, cuando Ricardo Monreal, entonces líder de los senadores morenistas, habló de que se liquidaría a Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, se quedó en el sentir de la opinión pública una falsa impresión.

El simple anuncio que al día siguiente confirmó Andrés López Obrador quedó en la mente de los mexicanos como una empresa de gobierno estinguida y liquidada, pero no fue así, se trató simplemente de anuncios y de buenas intenciones, porque desde ese momento se dijo que los derechos de acreedores y trabajadores quedarían a salvo.

Desde entonces se inició un proceso de negociaciones, con un compromiso de irrestricto respeto a las clausulas del Contrato Colectivo de Trabajo, cuyo titular es el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que lidera la periodista Adriana Urrea Torres y por quién, gracias a sus gestiones y manejo legal, ganó todos los laudos y amparos que le dieron la victoria legal de la huelga.

Por más de cinco meses se han llevado a cabo reuniones de trabajo para lograr una liquidación justa, mismas que se retrasaron, pues dos de los directamente responsables, el secretario de Gobernación, y la secretaria del Trabajo, cambiaron, con motivo de la sucesión presidencial.

Para anotarse un punto en materia de negociación política, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, presionó el martes pasado, a fin de que se firmara ese supuesto acuerdo entre el gobierno y el Sutnotimex, pues tenía que comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados este miércoles y no podía llegar con el riesgo de que le reclamarán los legisladores el haber retrasado por más de tres años y medio la solución a una huelga que perdió el gobierno.

A pesar de todo, el Sutnotimex se ha mantenido firme, ha seguido pugnando por los derechos de los trabajadores.

Apenas fue el pasado martes cuando se logró la firma de un compromiso entre el gobierno federal y el sindicato para alcanzar los acuerdos, pero las bases, los compromisos concretos y el pago de los derechos de los trabajadores aún no se han concretado.

Los cuatro campamentos de huelga siguen en las puertas de los centros de trabajo de la agencia, los trabajadores mantienen, como desde hace mil 322 días sus guardias permanentes las 24 horas del día y sin haber cobrado sus salarios.

La agencia de noticias no se ha liquidado, porque los trabajadores mantienen la huelga; tampoco se ha extinguido, porque en los hechos es una empresa desconcentrada del gobierno federal que sigue existiendo, ya que el decreto correspondiente no lo ha emitido el Poder Ejecutivo Federal y menos aún lo ha aprobado el Congreso de la Unión.

Lo ocurrido este martes en la Secretaría de Gobernación, no es más que una carta de buenas intenciones en dónde se comprometen el gobierno y el sindicato a trabajar y alcanzar acuerdos que garanticen el respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

Revuelo

En este proceso, lo que sigue es que el Ejecutivo, o sea el presidente del país envié a la Cámara de Diputados el decreto de Extinción, para que se derogue la ley que crea a la agencia, se procesa a la liquidación y extinción, pero lo más importante es que se cubran todos los adeudos que dejó y que mantiene la hasta ahora, también directora de la agencia, Sanjuana Martínez, quien ha recibido casi mil millones de pesos en el tiempo de la huelga y de los que no ha rendido cuentas.