La diputada Mirza Flores Gómez (MC) propuso que sean consideradas como personas defensoras de derechos humanos quienes defienden los derechos civiles, políticos, electorales y los de las mujeres.
En una iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la legisladora estima que existe un contexto sociocultural en el que prevalece el prejuicio de que los derechos político-electorales no forman parte de los derechos humanos; por tanto, las personas que los promueven no se consideran defensoras de éstos.
El documento, turnado a la Comisión de Derechos Humanos, plantea incluir en la definición de Persona Defensora de Derechos Humanos, “de manera enunciativa, pero no limitativa, a las mujeres defensoras de derechos humanos, a las personas defensoras de los derechos de las mujeres, en su diversidad, así como a las personas defensoras de los derechos civiles, políticos y electorales”.
Refiere que, aunque la norma no hace excepciones relativas a la protección, estas personas enfrentan, de manera consuetudinaria, múltiples resistencias y obstáculos para acceder a medidas y garantías que dispone la ley cuando se encuentran en riesgo.
Reconoce que, en la protección de los derechos políticos y electorales de las mujeres se han impulsado reformas constitucionales y legales para instituir la paridad, reconocer, tipificar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género.
A partir de las reformas al marco jurídico en materia de paridad de género y de violencia política contra las mujeres en razón de género, las personas defensoras de los derechos políticos y electorales se han convertido en factor fundamental para favorecer el acceso a la denuncia y la justicia. Además, su papel ha contribuido a sentar importantes precedentes en esta materia, añade.
Refiere que, con base en datos del Instituto Nacional Electoral, al 12 de enero de 2023 hay 260 personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, de las cuales 215 son hombres y 45 mujeres.
Algunas de esas 260 personas han sido sancionadas en más de una ocasión. Los estados con mayor número de sancionados son Oaxaca, (82), Veracruz (36), Tabasco (29) Chiapas (18), Baja California (14), Baja California Sur (13) Sonora (12) y Chihuahua y Guanajuato con nueve cada uno; 211 corresponden al ámbito municipal, 47 al estatal y 36 al federal.