- Miguel Ángel Plata Mejía, presidente de la organización civil adelantó que se investiga a ministerios públicos de la FGJCDMX por presuntas irregularidades, posible corrupción, dictámenes psicológicos “a modo” que usan para separar a padres de sus hijos y hasta privarlos de su libertad.
Luego de que el ministerio público Francisco Eduardo “N”, alias “El Paco”, de la Unidad A-5 de la Fiscalía de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se presentó ante un juez de control, investigado por posibles delitos por ejercicio abusivo de funciones y prevaricación; relacionados con la carpeta de investigación CI-FIDCSP/B/UI-B-3 C/D/04609/12-2022, el presidente de MAAS Infancia Feliz, Miguel Ángel Plata Mejía calificó como un revés a la impunidad indagar a este tipo de funcionarios.
El activista agregó que en aras de continuar con la observación del actuar de los funcionarios públicos capitalinos se espera que el Juez de Control del Poder Judicial de la CDMX haga justicia, ya que diversos grupos y colectivos de la sociedad civil han evidenciado ser víctimas de este servidor público, que hasta ahora había quedado impune.
“Como lo antecede la carpeta de investigación FNNA/A-UI-A-2/ S/D/00256/06-2017, ahora a cargo de la servidora pública ministerial “Yaretzi” de la Unidad A-2, y quien al parecer es cuñada del Francisco “N” y que menciona que no encuentran una USB que perdieron como prueba del maltrato infantil que lleva 6 años empolvada en la impune corrupción”, aseguró Plata Mejía.
Indicó que padres y madres de familia han reconocido ser víctimas del terrorismo procesal de este mismo ministerio público así como del otro ministerial de nombre Diego “N” de la Unidad A-4 de la misma Fiscalía de Niñez, que ya cuentan con diversas quejas por irregularidades ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, dirigida por Nashieli Ramírez, quien pareciera que cobija la impunidad de estos funcionarios.
Plata Mejía adelantó que se investiga a otros ministerios públicos de la FGJCDMX por irregularidades, posible corrupción, dictámenes psicológicos “a modo” que usan para separar a padres de sus hijos y hasta privarlos de su libertad.
“Estas actuaciones ministeriales atentan directamente a los derechos humanos de las infancias y adolescencias al sano y libre desarrollo de la personalidad, ya que cada vez es más visible que se fabriquen culpables con hechos falsos, robustecidos con dictámenes a modo, lo cual sucede cuando al mismo tiempo se lleva a cabo un litigio de custodia de los hijos o se determina un régimen de convivencias en materia familiar”, dijo.
Al respecto, el presidente de MAAS Infancia Feliz retomó el caso de Erick Arturo García García, padre que solo quiere convivir con su hija y quien decidió formar un nuevo proyecto de vida con otra pareja, sin embargo, fue acusado y sentenciado a pesar de advertir a las autoridades que no existieron videograbaciones sobre las intervenciones practicadas.
“Por lo que no tuvo una defensa adecuada ni el ministerio público garantizó tampoco los mecanismos que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las entrevistas con menores de edad sean videograbadas y por consiguiente puestas en cadena de custodia para que en caso de inconformidad de la pericial tenga oportunidad de robustecerla con un análisis experto y profundo a cargo de un colegio de peritos especialistas para aportar mayores elementos al juzgador”, insistió.
Subrayó que García García, en el año 2020 fue sentenciado con una penalidad mínima, lo que se vislumbraba por no contar con la entrevista videograbada y ahora en libertad enfrenta otra nueva denuncia, posiblemente con hechos falsos, para separarlo de su hija y evitar las convivencias a toda costa.
“Por lo menos así lo confirma un dictamen practicado a su hija que determina que al momento de la entrevista psicológica no se detectan alteraciones mentales atribuibles a una agresión”, agregó.
En tanto, la abogada litigante en materia penal, Samara Ávila consideró se encuentran ante una impunidad total de los servidores públicos que se escudan en una Institución pública que fue creada para velar por el respeto de los derechos humanos de todas las personas que viven la ciudad.
“No permitamos que sigan vulnerando la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad ante la ley, la libertad de la persona y por supuesto el derecho de acceso a la justicia, denunciemos a tiempo a los servidores públicos que no realizan su trabajo con ética y respeto a los Derechos Humanos pues son ellos quienes por su cargo público deben ser los primeros en respetarlos para que tengamos una vida justa, digna y humana”, enfatizó.
Por su parte, Miguel Ángel Plata Mejía puntualizó que algunas de las mejores prácticas fueron excluidas de la Fiscalía, como el informe técnico que permitía identificar si un niño fue víctima real de la comisión de un delito o víctima de una madre o un padre que aliena la mente de los niños.
“Lo cual se podía saber gracias a la intervención de la perito forense multipremiada Leticia Flores López, reconocida internacionalmente por su labor en la intervención con Niñas y Niños de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, con una herramienta y personaje digital que se documentaba en audio y video para la no revictimización y redignificación de los menores de edad”, recordó.
El también Consejero del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México refirió que cuando se ventilan a la par juicios de custodias y regímenes de convivencias y en el momento exacto en que un juez de lo familiar determina el régimen de convivencias o un cambio de custodia enseguida se aprovechan de las lagunas de la ley de acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para permitir la fabricación de delitos con hechos falsos.
“Se busca la manera de evitar las convivencias o las custodias compartidas lo que afecta eventualmente al infante al ser la víctima directa de este proceso fraudulento e interminable durante la autonomía progresiva de los menores de edad que además pasan a ser un instrumento de venganza, moneda de cambio, arma o escudo legal con un alto impacto social”, denunció.
Insistió en que es un tema de prioridad nacional por tratarse de la reconstrucción del tejido social a través del fortalecimiento de valores humanos universales instrumentados desde la infancia así como poner foco en la desatención de las fiscalías y otros actores judiciales e instituciones auxiliares, en donde ya se ha ventilado la fabricación de dictámenes psicológicos corrompidos que afectan irreversiblemente a la niñez.
“Esperamos que se reincorpore una herramienta en las Fiscalías con psiquiatría temprana y terapias adecuadas para la revinculación familiar que permita la videograbación de las intervenciones con los menores de edad para blindarlos de la corrupción, la manipulación sistemática parental para así lograr la redignificación de los derechos humanos de las Niñas, los Niños y Adolescentes”, dijo.
El activista recordó que en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODHEM, ya se incorpora un plan de trabajo para atender y sensibilizar a las autoridades en beneficio de las Niñas, Niños y Adolescentes mexiquenses porque antes, durante y después del proceso judicial que enfrentan los niños está en sus manos el bien superior de la infancia y adolescencia”.
Indicó que en el Estado de México ocurre uno de los casos de referencia de posible fabricación de delitos con hechos falsos, y es el que al parecer ejecutó la servidora pública de nombre Jessica Aurora “N”, agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia del MP Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, de Nezahualcóyotl, citada así en la carpeta de investigación número CHA/FVG/JMA/009/271953/20/11, en contra de un padre de familia de nombre José Gerardo Casarrubias Hernández.
“Un Juez Familiar le otorgó la guarda y custodia, así como la búsqueda y localización de su pequeña hija, ya que durante 3 años la madre de la menor de edad obstruyo las convivencias y no presentaba a las diligencias a la infante ni a las convivencias paterno filiales y, a pesar de las notificaciones, tampoco la llevo a evaluación psicológica ordenada por el Juez del Poder Judicial, justificando su inasistencia con una supuesta receta médica por lo que el juzgador luego de innumerables apercibimientos y medidas de apremio acordó la custodia al padre y el ordenamiento de presentación de la menor de edad con medidas coercitivas con apoyo de especialistas para resguardar el bienestar de la menor de edad”, narró.
Miguel Ángel Plata insistió en que es un “modus operandi”, ya que como en los casos anteriores, a otro padre le apareció una denuncia para evitar las convivencias libres, así lo describe otro padre de familia, René Chavarría Casillas, quien el 18 de agosto de 2022, después de 7 años de juicio familiar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó razón a este papá, pues finalmente podría abrazar físicamente a su hija post pandemia.
“8 días después le notifican a un despacho una denuncia con lo que se vislumbran hechos falsos, sobre acciones que dicen haber pasado a finales de 2016 ante la FGJCDMX, cuyas consecuencias hasta ahora han generado una interminable interferencia paterno filial aunado de una orden de aprehensión que sin duda tendrá una defensa adecuada para demostrar todas las pruebas ante el juez y se haga lo correcto”, sentenció.
Subrayó que Erick, Gerardo y René, son tres padres de familia que llevan más de 3 años luchando en los juzgados por convivir con sus hijas y tienen en común que un juez les otorgo las convivencias con sus hijas y enseguida de ese momento a los tres papás les llegaron las denuncias para evitar a toda costa que se concrete una revinculación entre hijos y padres lo cual cada vez es más común pero no se debe normalizar porque se trata de un atentado contra nuestra lastimada niñez mexicana.